Hace unos días, el Gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW), un estado de la costa este de Australia, y el Parlamento de Tasmania, un estado insular, abordaron los problemas de equidad del sistema de GST de Australia. Tanto el Gobierno de NSW como el Parlamento de Tasmania afirmaron que el actual sistema de distribución del GST ya no es lo bastante justo ni equitativo, y criticaron los cambios de 2018.

Principales conclusiones de los comunicados

En su comunicado, el Gobierno de NSW sostiene que el sistema ya no produce un resultado justo. El principal problema son los cambios de 2018 en la distribución del GST, concebidos para hacer el sistema más sostenible y previsible. Según NSW, la Productivity Commission ha constatado que esas reformas, lejos de lograrlo, han vuelto el sistema menos equitativo, menos coherente y más complejo.

El Gobierno de NSW añadió que se espera que los cambios de 2018 cuesten al Gobierno australiano 28.800 millones de AUD de aquí a 2025-26. Al mismo tiempo, NSW recibe menos ingresos por GST de los que corresponderían a su peso en la población de Australia, pese a asumir una responsabilidad considerable en materia de infraestructuras y servicios públicos en la mayor economía estatal y el estado más poblado del país.

El Parlamento de Tasmania fue un paso más allá y pidió por unanimidad al Gobierno federal que restablezca el sistema de distribución del GST anterior a 2018. La preocupación es que el régimen actual y el propuesto podrían otorgar a Australia Occidental una parte desproporcionadamente favorable de los ingresos del GST debido a su sólida base de ingresos vinculada a la minería y a sus particulares circunstancias fiscales. El Parlamento teme que, sin el sistema anterior y con cambios que favorecen a Australia Occidental, su asignación de GST podría caer hasta un 15 % anual, lo que equivaldría a una pérdida de hasta 530 millones de AUD solo en 2024-25.

Conclusión

Las críticas de NSW y Tasmania ponen de relieve la creciente frustración de los estados con las reformas de la distribución del GST de 2018. A medida que aumentan las peticiones de un ajuste estructural, el Gobierno federal se enfrenta a una presión cada vez mayor para reevaluar el sistema y garantizar la equidad fiscal en todos los estados y territorios.