La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude aduanero relacionado con productos de acero importados desde Turquía a Italia. En el marco de la investigación, las autoridades italianas incautaron 454 paquetes de productos de acero, con un valor estimado superior a 5 millones EUR, en el puerto de Nápoles.
La operación
La operación la llevaron a cabo la Unidad de Policía Económica y Financiera de Nápoles y la Oficina Antifraude de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Italia en Campania, a petición de la Fiscalía Europea (EPPO). Las autoridades también efectuaron registros en los domicilios y las sedes empresariales de las compañías implicadas en las importaciones e incautaron dispositivos electrónicos para su posterior examen.
Cómo funcionaba el presunto esquema
La investigación se inició a raíz de un informe de la oficina de Nápoles de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Italia (ADM) sobre dos envíos de productos de acero importados a Italia en julio de 2026. Las importaciones las realizó una empresa italiana del sector del metal. La mercancía era originaria de Turquía y fue exportada por una empresa con sede en Dubái (EAU), con un representante aduanero designado para gestionar las declaraciones de importación en nombre del importador italiano.
Según los investigadores, los productos de acero se declararon como acero galvanizado (recubierto de zinc), una clasificación que les habría permitido beneficiarse de una exención de los derechos de aduana adicionales de la UE aplicables a determinadas importaciones de acero. No obstante, las inspecciones físicas y los análisis de laboratorio revelaron que los productos no se correspondían con la clasificación declarada y, por tanto, no podían acogerse a la exención.
De acuerdo con la investigación, la clasificación aduanera incorrecta de los productos de acero importados se habría utilizado para eludir los derechos de aduana adicionales aplicables y el IVA correspondiente. Se estima que este esquema causó pérdidas de aproximadamente 3,5 millones EUR a los presupuestos públicos de la UE e Italia.
Qué sucederá a continuación
La Fiscalía Europea (EPPO) declaró que la investigación sigue en curso. Subrayó que las personas y empresas afectadas se presumen inocentes hasta que los tribunales italianos competentes demuestren lo contrario. La evolución del caso dependerá del análisis de las pruebas digitales y los registros financieros incautados.
