La Fiscalía Europea (EPPO) en Berlín ha presentado acusación contra ocho personas ante el Tribunal Regional de Berlín por su presunta participación en un esquema de fraude del IVA a gran escala relacionado con la venta de diésel. Con el nombre en clave «Water into Wine», el caso se deriva de la detención de los acusados en junio de 2026.

Antecedentes

La organización criminal habría empleado los denominados «combustibles de diseño» (designer fuels), productos modificados químicamente para eludir la tributación, y los habría distribuido a través de una compleja red de empresas y operaciones triangulares que implicaba a varios países, entre ellos Polonia y Hungría.

Cómo funcionaba el esquema

Los productos entraban en el mercado alemán a través de Polonia, donde se declaraban falsamente como aceite lubricante en lugar de diésel. Una vez en Alemania, se reetiquetaban y reclasificaban como diésel para ocultar su verdadera naturaleza y origen y eludir los impuestos sobre la energía aplicables. Esta manipulación también alteraba la trazabilidad de la cadena de suministro.

El grupo también utilizaba una red de los denominados «missing traders» (operadores desaparecidos) para evadir el IVA y los impuestos especiales. Estas empresas emitían facturas ficticias por supuestas entregas de diésel a distribuidores alemanes, creando la apariencia de que las operaciones eran legítimas y de que se habían pagado los impuestos correspondientes. Las facturas falsas también permitían a la organización solicitar de forma fraudulenta devoluciones del IVA, al tiempo que engañaban tanto a los clientes como a las autoridades aduaneras sobre la situación fiscal de los productos.

Impacto financiero

Las presuntas actividades provocaron más de 19 millones de EUR en IVA impagado, mientras que las empresas generaron más de 60 millones de EUR de ingresos con las operaciones fraudulentas. La organización criminal también habría blanqueado más de 60 millones de EUR en beneficios ilícitos invirtiendo en joyería, pagando comisiones en efectivo y transfiriendo fondos a cuentas bancarias extranjeras a través de proveedores de servicios de pago.

Papel de los acusados y posibles penas

Los dos acusados principales están acusados de organizar y gestionar las operaciones fraudulentas. Otro acusado actuaba como administrador de una empresa que emitía facturas ficticias por entregas de diésel, mientras que otros dos se encargaban de llevar la contabilidad del grupo. Los tres restantes habrían prestado apoyo organizando transferencias de dinero y aportando recursos logísticos, como teléfonos, direcciones ficticias de domicilio y de empresa, y vehículos, para ayudar al grupo a ocultar sus actividades.

En caso de condena, los acusados podrían enfrentarse a multas sustanciales y a penas de prisión de hasta 15 años, en función de su participación individual y de los delitos que se prueben ante el tribunal. La EPPO subrayó que todos los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

Por qué es importante

Este caso pone de relieve la creciente complejidad de los esquemas de fraude del IVA transfronterizos y subraya el papel fundamental de la EPPO en la detección y persecución de los delitos financieros que socavan la economía y la integridad del mercado de la UE.