Las transmisiones de una unidad económica autónoma (going concern) ocupan un lugar incómodo dentro del sistema del IVA. El artículo 19 de la Directiva del IVA permite a los Estados miembros tratarlas como ajenas al concepto de entrega, de modo que el adquirente se subroga en la posición del transmitente. La mayoría de los Estados miembros ha ejercido esa opción, y hoy la no sujeción es una premisa habitual en la planificación sucesoria en toda la Unión.
El 9 de septiembre de 2026, en el asunto T-366/25, el Tribunal General abordó una cuestión que el uso rutinario de esta figura había dejado silenciosamente sin resolver: qué ocurre cuando la empresa se divide entre varios adquirentes en el momento de la transmisión y solo después vuelve a reunirse. La respuesta es que la no sujeción no se aplica y que la intención de reunirla de nuevo no cambia nada.
La sentencia tiene además una lectura institucional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE o el Tribunal de Justicia) remitió la cuestión prejudicial al Tribunal General con arreglo al artículo 50b del Estatuto, que desde octubre de 2024 atribuye al Tribunal General las cuestiones prejudiciales relativas al sistema común del IVA. Es una de las primeras sentencias de fondo sobre el IVA dictadas bajo ese nuevo reparto de competencias, por la Sala Quinta en formación ampliada.
Los hechos del caso
Un empresario individual polaco pretendía donar la totalidad de su empresa a sus dos hijas, cada una con una cuota del 50 %. No se reservaría ningún elemento del patrimonio y cesaría toda actividad económica inmediatamente después.
Las hijas ya explotaban juntas otro negocio a través de una sociedad colectiva. Su intención era integrar la empresa donada en esa sociedad y continuar su actividad de forma sustancialmente inalterada.
La administración tributaria denegó la no sujeción en una consulta vinculante emitida en junio de 2020. En su opinión, cuando un bien se posee en cuotas determinadas, cada cotitular ostenta un título exclusivo sobre su cuota y puede disponer de ella sin el consentimiento de la otra. Por tanto, lo transmitido no era la empresa, sino una cuota sobre cada uno de los elementos individuales que la componen, que no podía sostener una actividad económica independiente. Añadió que, en realidad, la actividad la desarrollaría un tercero: la sociedad.
El tribunal de primera instancia confirmó ese razonamiento. En apelación, el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Polonia) señaló que el artículo 19 también admitía una lectura funcional, atenta a la finalidad del conjunto de la operación, y planteó la cuestión prejudicial.
¿Una operación o cuatro?
El Tribunal General estructuró su respuesta en dos fases. Primero se preguntó si la sucesión de operaciones podía tratarse como una única operación y, solo después, si se cumplían los requisitos del artículo 19.
El punto de partida es que, por regla general, cada operación debe considerarse distinta e independiente. La excepción es estrecha: varias operaciones formalmente separadas solo se tratan como una cuando están tan estrechamente ligadas que, objetivamente, forman una única prestación económica indivisible cuyo desglose resultaría artificial.
En el expediente examinado, el Tribunal apreció que los elementos apuntaban en sentido contrario. Cada hija recibía una cuota equivalente a la mitad de la empresa. Las cotitulares eran personas jurídicamente distintas, cada una con un título exclusivo sobre su propia cuota y libre de disponer de ella sin el consentimiento de la otra. Por tanto, cada una era individualmente libre de realizar, o no, la aportación posterior a la sociedad. Esa aportación no condicionaba la primera operación, era independiente de ella y tendría lugar más adelante.
Esa apreciación resuelve el caso. Una vez que la secuencia se descompone en cuatro operaciones distintas —dos donaciones y dos aportaciones—, el análisis del artículo 19 debe realizarse por separado para cada tramo.
Los dos requisitos, examinados adquirente por adquirente
La no sujeción del artículo 19 persigue una finalidad práctica: facilita las transmisiones de empresa al ahorrar al adquirente un importante desembolso de tesorería que, en cualquier caso, recuperaría más tarde mediante la deducción del IVA soportado.
Los requisitos están consolidados, desde Zita Modes hasta Schriever, X y Mailat. Los elementos transmitidos deben constituir una empresa o una parte de empresa capaz de desarrollar una actividad económica independiente, y el adquirente debe tener la intención de explotar el negocio y no de liquidarlo de inmediato.
El paso decisivo es la conclusión del Tribunal, siguiendo al Abogado General, de que el primer requisito debe cumplirse respecto de cada hija, precisamente porque las operaciones son separadas e independientes entre sí. Una cuota equivalente a la mitad de la empresa no es un conjunto autónomo de elementos y no permite a cada adquirente desarrollar por sí sola una actividad económica independiente.
La sentencia enuncia después la regla en términos generales. La transmisión a dos personas de una cuota correspondiente a la mitad de una empresa, de modo que ninguna pueda desarrollar individualmente una actividad económica independiente, incumple el primer requisito, y lo hace con independencia de su intención de aportar esas cuotas a una sociedad que ejerce una actividad económica y en la que son socias. El segundo requisito ni siquiera se examina.
La cuestión que el Tribunal dejó abierta
La Comisión Europea había planteado una excepción preliminar que conviene destacar. Una transmisión a título gratuito no está, en principio, sujeta al IVA, por lo que la cuestión corría el riesgo de ser hipotética. El Tribunal desestimó la excepción invocando la presunción de pertinencia que acompaña a las cuestiones prejudiciales.
No obstante, la excepción identifica el verdadero problema práctico. Una vez que decae la calificación como transmisión de empresa, el tratamiento se reconstruye bien por bien, y la normativa aplicable asimila a una entrega a título oneroso el destino de los bienes a fines ajenos a la actividad, limitado a los bienes cuyo IVA soportado se dedujo. La base imponible es el precio de compra o, a falta de este, el precio de coste, determinado en el momento de la operación.
El Tribunal no resolvió esa cuestión, ni tampoco decidió qué sucede con las aportaciones posteriores. Esa segunda parte es objeto de un procedimiento distinto, todavía pendiente ante el mismo tribunal polaco.
La perspectiva italiana
Italia ejerció la opción del artículo 19 mediante el artículo 2(3)(b) de su decreto del IVA, que excluye del concepto de entrega de bienes las transmisiones y aportaciones de empresas o ramas de actividad. La práctica administrativa italiana aplica el mismo test material desarrollado por el Tribunal de Justicia, que exige un complejo organizado capaz de funcionar de forma autónoma y no una mera agrupación de bienes.
La dificultad está en otro punto. La práctica italiana en materia de sucesión generacional se ha construido durante mucho tiempo sobre la premisa contraria. Doctrina administrativa que se remonta a 1997 admite que no existe límite al número de beneficiarios de la donación de una empresa, quienes, al continuar la actividad del donante, constituyen entre sí una sociedad de hecho. Doctrina posterior equipara la aportación de la empresa así recibida a una sociedad con la continuación de la actividad empresarial a efectos de la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Dicho de otro modo, la continuidad se asegura precisamente a través de esa entidad adicional —la sociedad de hecho o la sociedad receptora— que el Tribunal General identifica como motivo para denegar el tratamiento del artículo 19. Las dos posturas sirven finalidades fiscales distintas y descansan sobre premisas diferentes, pero una escritura redactada conforme al Derecho italiano queda ahora expuesta en el plano del IVA.
El desajuste es más profundo. La normativa italiana del impuesto sobre la renta hace neutra la transmisión gratuita de una empresa si esta se asume por los valores fiscales del transmitente, con independencia del número de adquirentes. La bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, reformulada con efectos desde enero de 2025, exige que los adquirentes continúen la actividad durante al menos cinco años y que así lo hagan constar en la escritura. Ninguno de los dos regímenes se pregunta si lo que cada adquirente recibe puede funcionar por sí solo. La misma escritura puede ser, por tanto, neutra en el impuesto sobre la renta, exenta en el impuesto sobre donaciones y gravada por el IVA respecto de los bienes que en su día dieron lugar a una deducción.
Qué significa esto en la práctica
La regla operativa es que lo transmitido debe ser capaz de funcionar por sí mismo en el momento de la transmisión y en manos de cada adquirente. Cuatro estructuras cumplen esta regla en distinto grado.
La donación a un único adquirente es la vía más segura: una sola transmisión, un solo complejo, y cualquier aportación posterior a una sociedad queda, a su vez, no sujeta. Dividir la empresa en ramas de actividad verdaderamente autónomas también funciona, siempre que cada rama cuente con sus propios bienes, contratos, empleados, licencias y pasivos, y que la autonomía exista antes de la escritura y no se reconstruya después.
Aportar primero la empresa a una sociedad y después donar las participaciones reproduce el resultado económico de la operación polaca de un modo que sí se sostiene, porque nunca se transmite una cuota indivisa de la empresa. Donar la empresa directamente a la entidad que la vaya a explotar resuelve la cuestión del IVA, pero deja al adquirente fuera del ámbito de los beneficios reservados a descendientes y cónyuges.
Dos cuestiones adicionales merecen atención. Conviene revisar las operaciones ya realizadas pero aún dentro del plazo de prescripción, ya que la sentencia interpreta el artículo 19 en lugar de modificarlo. Cuando la composición de la empresa resulte incierta, una consulta vinculante consolida la calificación mientras las opciones siguen siendo reversibles. Al fin y al cabo, el caso polaco comenzó precisamente con una solicitud de ese tipo.
Conclusión
El asunto T-366/25 no introduce ningún principio nuevo. Aplica los ya existentes con un rigor que tiene consecuencias inmediatas en la forma de documentar las transmisiones de empresa.
El artículo 19 es una medida de simplificación, no una cláusula general de neutralidad para la planificación sucesoria. Opera cuando lo transmitido ya es, en el momento de la transmisión y para cada adquirente, una empresa capaz de funcionar. La comprobación es objetiva, se realiza operación por operación y adquirente por adquirente, y no se corrige por la intención de las partes de reunir el conjunto más adelante.
Para los asesores, la secuencia debe diseñarse al revés de la práctica actual. Primero se construye la unidad y después se transmite; no se transmiten fragmentos a la espera de que la unidad se reconstituya por sí sola.

