Why did the U.S. Court of International Trade block the 10% import surcharge?

The U.S. Court of International Trade ruled that the Trump administration failed to satisfy the legal requirements under Section 122 of the Trade Act of 1974. The court found that the proclamation stretched the meaning of “balance-of-payments deficits” beyond what Congress originally intended.

What was the purpose of the 10% import surcharge?

The surcharge was introduced as a temporary trade measure under Section 122 of the Trade Act of 1974 after the U.S. Supreme Court ruled that President Trump lacked authority under the IEEPA to impose country-specific tariffs in 2025.

Which parties challenged the Presidential Proclamation?

Several U.S. states led by Oregon, along with private importers including Burlap & Barrel and Basic Fun, challenged the legality of the proclamation, arguing that the administration exceeded its authority.

Why were some states dismissed from the case?

The court dismissed Oregon and several non-importing states because their claims were based on indirect economic harm, which the CIT considered too speculative to establish legal standing.

What does Section 122 of the Trade Act of 1974 allow the President to do?

Section 122 gives the President temporary authority to impose import restrictions or surcharges when the United States faces serious balance-of-payments difficulties. The court emphasized that this authority is limited to specific economic conditions defined by Congress.

What does the CIT ruling mean for U.S. importers?

The decision removes the immediate financial burden of the 10% import surcharge and provides businesses with greater certainty about the limits of presidential trade powers unless the ruling is overturned on appeal.

Un tribunal comercial de EE. UU. bloquea el recargo a las importaciones impuesto por Trump

El Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) dictó una importante resolución relativa a la aplicación de la Proclamación Presidencial en virtud de la cual el presidente Trump introdujo un recargo temporal del 10 % sobre las importaciones de mercancías que entran en los Estados Unidos. El recargo se impuso en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dictaminó que el presidente Trump carecía de autoridad en virtud de la IEEPA para imponer aranceles específicos por país en 2025.

Resumen del caso y la decisión del CIT

El caso surgió después de que varios estados de EE. UU., encabezados por Oregón, junto con importadores privados como Burlap & Barrel, impugnaran la legalidad de la Proclamación Presidencial. En conjunto, argumentaron que la administración Trump había excedido la autoridad otorgada por el Congreso. Más concretamente, alegaron que las condiciones económicas exigidas en virtud del artículo 122 no se habían establecido adecuadamente y que el recargo funcionaba, en la práctica, como una medida arancelaria general sin justificación legal suficiente.

En primer lugar, el CIT prestó especial atención a la cuestión de la legitimación antes de entrar en el fondo del litigio. Tras examinar cuidadosamente todos los hechos, el CIT dictaminó que varios «demandantes importadores», entre ellos el Estado de Washington, Burlap & Barrel y Basic Fun, habían demostrado un perjuicio financiero suficientemente directo e inmediato como para impugnar la proclamación. Por el contrario, se desestimó la demanda de Oregón y de varios otros estados no importadores por falta de legitimación, ya que sus alegaciones de perjuicio económico indirecto eran demasiado especulativas.

El núcleo de la controversia era el significado de la expresión «déficits de la balanza de pagos» en el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente la facultad temporal de imponer restricciones a la importación o recargos cuando Estados Unidos se enfrenta a graves dificultades en los pagos internacionales. Sin embargo, los demandantes argumentaron que la Proclamación ampliaba indebidamente el significado de este término más allá de lo que pretendía el Congreso, permitiendo en la práctica que el poder ejecutivo utilizara la sección 122 como una herramienta amplia de política comercial.

Tras examinar los antecedentes legislativos del artículo 122 y el contexto económico en el que se promulgó en 1975, el CIT determinó que el Congreso definió los «déficits de la balanza de pagos» utilizando los parámetros tradicionales de Bretton Woods, refiriéndose específicamente a los déficits medidos a través de la liquidez, las liquidaciones oficiales o el saldo básico de los pagos internacionales. Además, el Congreso vinculó la autoridad presidencial a estos conceptos económicos específicos y no tenía la intención de crear un poder flexible o de alcance indefinido.

En consecuencia, el CIT determinó que no existía una controversia genuina sobre hechos sustanciales que requiriera un juicio y dictó una orden judicial permanente que impedía al Gobierno aplicar o hacer cumplir el recargo. La decisión anuló de hecho la proclamación, a menos que fuera revocada en apelación.

Conclusión

La decisión refuerza los límites judiciales a las facultades comerciales presidenciales y aclara que las facultades comerciales de emergencia o temporales no pueden utilizarse sin cumplir condiciones legales claras. Para las empresas, y en particular para los importadores, la decisión elimina la carga financiera inmediata del recargo del 10 % y proporciona una mayor certeza en cuanto a los límites de las medidas comerciales del ejecutivo.

Fuente: Tribunal de Comercio Internacional (CIT), VATabout