La Finance Act 2026 de Kenia (Act No. 19 of 2026), sancionada el 23 de junio de 2026, retiró un grupo definido de servicios de pago digitales de la exención del IVA para los servicios financieros con efecto desde el 1 de julio de 2026. Las comisiones que los proveedores de servicios de pago (payment service providers, PSP) cobran por el procesamiento, la liquidación, el merchant acquiring, la pasarela (gateway) y la agregación tributan ahora al tipo general del 16%.

La modificación ocupa apenas unas líneas de la ley, pero alcanza a todas las plataformas de dinero móvil, pasarelas y agregadores del mercado, y desplaza una sentencia del High Court dictada diez meses antes. En este artículo exponemos el marco jurídico, el litigio que lo precede, el problema de prorrateo que genera y qué deben hacer ahora las empresas.

Marco jurídico y ámbito de aplicación

La exención para los servicios financieros figura en la Part II del First Schedule de la VAT Act, 2013. Históricamente se redactó atendiendo a la actividad y no al estatus de licencia del prestador, razón por la cual los intermediarios de la cadena de pago podían acogerse a ella. La Finance Act 2026 la restringe de modo que ya no cubre el procesamiento de pagos, la liquidación, el merchant acquiring, los servicios de pasarela ni la agregación prestados a través de una plataforma de software o digital a cambio de una comisión por un PSP.

La transferencia básica de dinero sigue exenta, una distinción confirmada por PwC en su resumen de la posición aprobada. Lo que ha pasado a ser gravable es el cargo por facilitar el movimiento del dinero, no el movimiento en sí. El umbral de registro de la Kenya Revenue Authority (KRA) de KES 5 millones continúa aplicándose a los prestadores residentes. Los no residentes que prestan servicios a través de internet o de un mercado digital siguen sujetos a las VAT (Electronic, Internet and Digital Marketplace Supply) Regulations, 2023, en virtud de las cuales ese umbral no se aplica.

El Parlamento legislando por encima de los tribunales

La modificación no surgió en un vacío político. En Pesapal Limited v Commissioner of Domestic Taxes [2025] KEHC 12284 (KLR), resuelta el 27 de agosto de 2025, el High Court sostuvo que las comisiones obtenidas por un PSP autorizado por el Central Bank of Kenya eran servicios financieros exentos. Anuló una decisión del Tax Appeals Tribunal que había tratado al proveedor como operador de un sistema de pagos y no como entidad financiera, junto con una liquidación principal de IVA de KES 76,8 millones y sanciones e intereses de KES 33,9 millones.

Como señaló KPMG en su análisis de la sentencia, el tribunal afirmó que la exención depende de la naturaleza del servicio y no del estatus de licencia del proveedor ni del uso de plataformas digitales, consideró la lista de servicios financieros exentos como abierta y aplicó el principio de que la ambigüedad en una norma tributaria se resuelve a favor del contribuyente. El National Treasury no recurrió; propuso la modificación ahora en vigor, eliminando la redacción en la que se apoyaba el fallo.

La misma Act reforma la Income Tax Act para calificar los pagos a las compañías de tarjetas como cánones (royalties) y las tasas de intercambio (interchange) como honorarios de gestión o profesionales, desplazando Barclays Bank of Kenya (now Absa Bank Kenya) v Commissioner for Domestic Taxes [2025] KESC 70 (KLR), en la que la Supreme Court sostuvo el 5 de diciembre de 2025 que ninguno de ellos estaba sujeto a retención en la fuente (withholding tax). El tribunal había fundamentado esa decisión en la exigencia constitucional de que un impuesto se imponga con lenguaje legislativo claro; como observó Cliffe Dekker Hofmeyr, la modificación aporta el lenguaje que el tribunal echó en falta. Son dos sentencias sobre infraestructura de pagos desplazadas por una sola Finance Act, cada una en el plazo de un año desde su dictado. Cualquier planificación basada en una interpretación favorable de una exención debe asumir que esa interpretación solo sobrevive hasta el próximo Finance Bill.

La excepción que genera la complejidad

El proyecto de ley (Bill) tal como se publicó iba más allá que la Act finalmente aprobada. Una propuesta de aplicar el IVA a las transferencias entre particulares se retiró antes de la sanción, tras un proceso de participación pública que reunió aportaciones de más de 170 organizaciones y más de 100.000 ciudadanos. En la ceremonia de firma, el Presidente afirmó que la ley no introduce ningún nuevo impuesto sobre las transferencias de dinero móvil, lo cual es exacto respecto de la transferencia en sí y fácilmente se malinterpreta como si abarcara la comisión.

Eso libró a millones de usuarios de importes pequeños, pero trazó una línea que atraviesa una sola transacción: el tramo de la transferencia está exento y el tramo de la comisión está gravado. Los proveedores deben separar ambos en la factura y defender el reparto si se les cuestiona. Para un banco que cobra una comisión concreta y desglosada, es manejable. Para plataformas con precios agrupados, tarifas escalonadas, exenciones de comisión o una contraprestación incorporada en un diferencial (spread), resulta más difícil, y es necesaria una metodología de prorrateo documentada. A fecha de 3 de agosto de 2026, la KRA no había publicado directrices sobre métodos de prorrateo aceptables.

Un impuesto sobre una comisión ya gravada

Las comisiones por transferencias de dinero móvil ya soportan un impuesto especial (excise duty) del 15%, y el IVA se aplica ahora sobre el importe con el impuesto especial incluido. En sus alegaciones ante la National Assembly sobre el proyecto de ley, Safaricom cifró el efecto combinado en el 33,4% de la comisión, frente al 15% anterior al cambio. Esa es la medida más clara disponible de lo que la modificación supone para los costes de transacción. Cabe señalar que el tipo del impuesto especial del 20% aplicado a otras determinadas comisiones financieras es independiente y no rige las comisiones de transferencia.

Obligaciones de cumplimiento y declaración

  • Reclasificar la operación. Compruebe cada línea de comisión frente a las cinco categorías ahora gravadas; lo determinante no es la descripción contractual, sino la naturaleza del servicio.
  • Corregir la facturación. La contraprestación exenta y la gravada deben poder identificarse por separado, y los elementos gravados deben registrarse correctamente en eTIMS. Los agregadores deben dejar claro por cuenta de quién facturan la prestación.
  • Documentar el prorrateo. Cuando el precio esté agrupado, deje constancia de la metodología y su justificación antes de que una inspección la exija.
  • Revisar precios y contratos. Los acuerdos redactados asumiendo una operación exenta pueden no permitir repercutir unilateralmente el 16% a los clientes.
  • Deducir el IVA soportado. Las empresas registradas que pagan comisiones de pasarela y de acquiring tienen un derecho a deducción que muchas no han reflejado en sus cuentas de IVA.

Un modelo para la región

Las administraciones tributarias de toda África convergen en tomar la capa de pagos como base imponible mediante impuestos sobre servicios digitales (digital services taxes, DST), tasas de cumplimiento y obligaciones de registro para las plataformas no residentes. Lo que distingue a la medida keniana es que se dirige a los intermediarios nacionales autorizados y no a los proveedores extranjeros, y que suprime una exención en lugar de crear un gravamen. Eso la hace fácilmente exportable, ya que no se requiere ningún impuesto nuevo ni ningún nuevo mecanismo de recaudación.

Conclusiones clave e implicaciones prácticas

El efecto distributivo ha recibido menos atención que el titular del tipo impositivo. Un comerciante registrado puede deducir el IVA soportado en una comisión de procesamiento cuando esta se relaciona con operaciones gravadas y está respaldada por una factura eTIMS válida. Un comerciante por debajo del umbral de KES 5 millones no puede. Por tanto, la medida es en general neutral para el sector formal y un aumento de costes para el informal, precisamente el segmento que la infraestructura de pagos digitales de Kenia se diseñó para atraer al sistema tributario.

Lo que esto significa en la práctica depende del lado de la transacción en el que se esté. Los PSP necesitan una facturación sólida y un método de prorrateo que puedan defender si se les cuestiona. Los comerciantes deben comprobar que realmente están deduciendo el IVA soportado y releer las condiciones de precio que se redactaron cuando la operación estaba exenta. Los no residentes deben determinar si ahora quedan dentro del ámbito de registro.

A partir de ahora, dos cosas mostrarán cómo funciona la norma en la práctica: si la KRA publica directrices sobre métodos de prorrateo aceptables y cómo se gestionan las primeras inspecciones bajo el nuevo tratamiento.