La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), aprobada en 2022 y en vigor desde febrero de 2024, es un marco normativo transformador de la Unión Europea (UE) cuyo objetivo es establecer un entorno en línea más seguro y transparente. La DSA moderniza las normas vigentes hasta ahora al abordar los retos de una era digital en rápida evolución.

La DSA fija normas para los intermediarios y las plataformas en línea con el fin de proteger a los clientes y usuarios de la UE, al tiempo que promueve la responsabilidad de los prestadores de servicios.

Este artículo ofrece información esencial sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA), su ámbito de aplicación, los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios digitales y cómo afecta todo ello a las empresas que operan en el mercado de la UE y a los usuarios europeos.

¿Qué es la Ley de Servicios Digitales?

Los objetivos principales de la DSA son salvaguardar los derechos fundamentales, combatir el contenido ilegal y garantizar la transparencia en el mundo digital. Proteger a colectivos vulnerables, como los menores, y reducir el espacio para la desinformación son también razones esenciales para implantar las normas y regulaciones de la DSA.

La DSA se dirige a intermediarios como los marketplaces en línea, las plataformas de redes sociales y entidades similares, e introduce una distinción importante entre las plataformas en línea generales y las plataformas en línea de muy gran tamaño.

La DSA se aplica a escala de la UE, lo que significa que los prestadores de servicios digitales incluidos en su ámbito se enfrentarán a las mismas normas en todos los Estados miembros de la UE. No obstante, algunos aspectos de su aplicación pueden regularse a nivel nacional.

Por ejemplo, aunque la DSA fija normas para detectar y retirar el contenido ilegal, no define qué se entiende por «contenido ilegal». Lo que constituye contenido ilegal depende de otras regulaciones de la UE y de las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

Ámbito de aplicación de la DSA en la UE

Todos los prestadores de servicios digitales en línea que ofrezcan servicios de intermediación a usuarios de la UE, con independencia de su ubicación, están sujetos a la DSA. En el marco de la DSA, los servicios de intermediación se refieren a categorías concretas de servicios que facilitan la transmisión, captación o almacenamiento de la información facilitada por los usuarios de la UE. Esto incluye a los proveedores de alojamiento, los motores de búsqueda, plataformas como las tiendas de aplicaciones, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

Además, la DSA cuenta con una norma especial para las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP) y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño (VLOSE). Si las plataformas o los motores de búsqueda son utilizados por más del 10% de los 450 millones de consumidores de la UE o, más concretamente, tienen un número medio mensual de usuarios en la UE superior a 45 millones, se consideran VLOP o VLOSE.

Hasta la fecha, la Comisión Europea ha identificado y asignado la condición de VLOP o VLOSE a 20 prestadores de servicios digitales, entre ellos AliExpress, Amazon, Apple, Google, Booking, Shein, LinkedIn, Meta y Zalando.

Resulta interesante que la Comisión Europea destacara que Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping y YouTube quedan todos incluidos en el ámbito de la DSA. Ocurre algo similar con Facebook e Instagram, de Meta. Al proceder así, la Comisión Europea pone el acento no en la empresa en su conjunto, sino en las plataformas concretas que entran en el ámbito de la DSA.

La DSA también define algunas exenciones en virtud de las cuales las pequeñas y microempresas quedan excluidas de determinadas regulaciones.

Principales obligaciones de los prestadores de servicios digitales bajo la DSA

Todas las plataformas en línea, salvo aquellas con menos de 50 empleados y un volumen de negocio anual inferior a 10 millones de EUR, consideradas plataformas pequeñas, deben implantar sistemas para detectar y retirar el contenido ilegal de forma eficaz. Esto incluye desarrollar e implantar mecanismos y herramientas para que los usuarios de la UE denuncien dicho contenido y cooperar con los alertadores fiables (trusted flaggers) para actuar con rapidez.

Estos alertadores fiables son entidades especiales en el marco de la DSA, designadas por los Coordinadores Nacionales de Servicios Digitales. Se trata de expertos encargados de detectar contenido potencialmente ilegal en línea y notificarlo a las plataformas. El contenido ilegal puede referirse a la incitación al odio, la vulneración de los derechos de la infancia, la promoción de la violencia de género o el contenido terrorista.

Asimismo, las plataformas deben garantizar la transparencia en la publicidad dirigida, lo que incluye revelar los criterios de colocación de los anuncios y evitar el uso de datos sensibles. Estos datos sensibles pueden abarcar las opiniones políticas o la orientación sexual empleadas con fines de segmentación.

Por último, las plataformas digitales incluidas en el ámbito de aplicación deben establecer unas condiciones de uso que expliquen con claridad cómo funcionan los algoritmos de recomendación de contenidos.

Una vez que la Comisión Europea asigna la condición de VLOP o VLOSE, las plataformas en línea disponen únicamente de cuatro meses para garantizar que todos los mecanismos estén en marcha y cumplir las normas y regulaciones de la DSA.

Impacto en las empresas y los usuarios

La DSA debería modificar de forma significativa las responsabilidades operativas de los prestadores de servicios digitales. Las plataformas digitales pueden asumir costes adicionales para cumplir los requisitos, como actualizar y ajustar las condiciones de uso y desarrollar herramientas de denuncia fáciles de usar. Además, las cargas administrativas y de reporte son ahora mucho mayores para las plataformas digitales, sobre todo con las auditorías anuales a cargo de un auditor independiente.

Para los usuarios de la UE, la DSA debería contribuir a un mayor control sobre los datos personales, a una mayor claridad en las decisiones de moderación de contenidos y a la posibilidad de solicitar la retirada de prácticas abusivas. Además, debería desarrollarse un espacio de comercio electrónico y redes sociales más seguro y transparente que proteja los datos que los usuarios de la UE facilitan a estas plataformas.

Pasos para garantizar el cumplimiento

En virtud de la DSA, las plataformas en línea deben compartir datos con la Comisión Europea y las autoridades nacionales. Para cumplir este requisito, las plataformas designadas deben establecer políticas internas de cumplimiento que garanticen una comunicación y una transferencia fluidas de los datos exigidos.

Para cumplir las normas sobre contenido ilegal, las plataformas deberían desarrollar políticas de moderación sólidas e integrar los mecanismos de alertadores fiables. Formar al personal en las obligaciones de cumplimiento y recurrir a expertos para desenvolverse en la complejidad de la norma resulta esencial.

Por último, las empresas pueden consultar las directrices publicadas por la Comisión Europea y la Junta Europea de Servicios Digitales para ayudarse a cumplir la DSA.

El incumplimiento de las normas de la DSA aplicables en toda la UE podría acarrear sanciones de hasta el 6% del volumen de negocio anual mundial del prestador de servicios digitales. En algunos casos extremos, las plataformas podrían incluso ser suspendidas temporalmente.

Conclusión

La adopción y aplicación de la DSA representan un hito clave en los esfuerzos de la UE por regular y gobernar los servicios digitales. Así, confirman que la Comisión Europea busca equilibrar los derechos de los usuarios, la innovación del mercado y la responsabilidad.

La DSA regula las plataformas en línea y las hace responsables de crear un entorno en línea más seguro, justo y transparente para los usuarios de la UE. Aunque las empresas pueden encontrarse con retos operativos y de cumplimiento, la DSA también les brinda la oportunidad de generar confianza y credibilidad entre los usuarios.

Fuente: Digital Services Act Directive 2022/2065, European Commission - Questions and answers on the Digital Services Act, European Commission - e-Commerce Directive, EUR-Lex - Digital Services Act, European Commission - DSA: Very large online platforms and search engines, European Commission - List of designated VLOPS and VLOSEs